La pandemia del coronavirus y el
riguroso confinamiento ha provocado en Colombia un estallido social sin
precedentes. La quiebra económica y la recesión se ha ensañado con la población
más vulnerable. No es necesario ser videntes para predecir al
pie de la letra lo que iba a suceder en este mes de mayo del 2021. Como olvidar
el asesinato de Dilan Cruz-transmitido en vivo y en directo- por parte de la policía en las protestas de Bogotá en el 2019 y que marcó el inconsciente
colectivo de la juventud.
Esta es una coyuntura de naturaleza
social y económica que ha provocado una inusitada ola de indignación tanto en el campo como en la
ciudad. O sea, los indígenas de la Minga,
del CRIC, de la ONIC, campesinos, obreros,
afrocolombianos, y jóvenes de los sectores populares que después de décadas de
exclusión y abandono reclaman ser escuchados y tenidos en cuenta. Estamos ante una montonera, una guerra de
castas, una guerra popular entre pobres y ricos. El alzamiento popular se ha acelerado
vertiginosamente tras el intento del gobierno nacional de imponer una reforma
tributaria (paquetazo neoliberal) y subirle los impuestos a un pueblo
colombiano víctima de un modelo de desarrollo que lo asfixia. Para salir de
pobres se necesitarían 12 generaciones.
Pero no es la primera vez que esto
ocurre pues si nos remitimos a los datos históricos en el año 1781 los Comuneros del Socorro (Santander) también se levantaron
como respuesta a la Real Cédula expedida por Carlos III que cargó de impuestos
a súbditos americanos y se reservó el monopolio en el cultivo del tabaco y el
aguardiente. Al final los líderes fueron ejecutados tras ser traicionados por
el arzobispo Caballero y Góngora que fungía de mediador. Todo se repite
cíclicamente en estos últimos 500 años y tan solo cambian las fechas del
calendario.
América Latina ha sido la región
del mundo más impactada por la pandemia del coronavirus pues en un año se ha
retrocedido casi una década en los
logros conseguidos en el combate contra el
hambre y la miseria. Si no se reactiva el sector productivo solo nos espera la ruina
y la bancarrota.
En Colombia existen 20.000.000 de personas ganando tan solo 3
dólares al día y otros tantos millones que solo hacen una comida diaria. La
eterna agonía arrastra a los más vulnerables a la angustia y la desesperación, acelera
las enfermedades psíquicas y mentales, el estrés, la depresión, la
ansiedad y los intentos de suicidio.
Hacemos parte de un sistema medieval
capitalista que clasifica al ser humano en
estratos sociales, en castas de
parias e intocables, de invisibles, lo más bajo y ruin, los impuros que deben “aceptar”
el destino o karma de una raza nacida para sufrir y servir a los amos de los
estratos superiores. Los desheredados no
tienen un proyecto de vida y solo les aguarda la desesperanza y el desasosiego.
No hay trabajo, ni un subsidio de desempleo, ni jubilación ni ahorro ni
vivienda ni patrimonio alguno que les asegure un futuro digno. Soñar con un
mejor mañana no cuesta nada. Al fin y al cabo:
nacer pobres para morir pobres. El
ex alcalde de Cali Maurice Armitage afirma que esto no lo va a solucionar el
estado, sino la empresa privada que debe invertir en programas sociales a corto
y largo plazo con el respaldo de fundaciones y la iglesia católica representada
por monseñor Darío Monsalve. Se ha de fomentar un proceso de industrialización
y la formación profesional de 30.000 jóvenes. Tristemente caerán bajo la tutela
de curas, oenegés y demás benefactores.
En las barriadas populares de los
extrarradios se concentran los emigrantes económicos y desplazados por la
violencia de las áreas rurales. Una población de diversidad étnica
impresionante (todas las sangres todas; afrocolombianos, indígenas, campesinos,
mestizos, criollos) hacinadas y segregadas en guetos-ratoneras que carecen de
los servicios básicos. Las nuevas generaciones antes que resignarse a su
destino han decidido echarse a la calle, y a pecho descubierto luchar por sus
derechos una y mil veces conculcados. Las
escuelas están cerradas y los niños y jóvenes sin accesos a la educación virtual han
desertado de las aulas. Hastiados de las cuarentenas tras 14 meses de
confinamiento la tragedia humanitaria es inconmensurable.
El único destino de esos jóvenes de
una generación perdida es engrosar las filas de las bandas delincuenciales o
del narcotráfico. A los que llaman despectivamente escoria o lumpen víctimas de
las adicciones ya le han colocado la soga al cuello y los conduce al patíbulo.
¿Cómo transformar una sociedad tan injusta y estructurada bajo unos principios
clasicistas y racistas?
Lo ideal para el sistema es que
esos jóvenes y adolescentes de los estratos más bajos se evadan de la cruel realidad a base de
drogas y alcohol, la televisión, redes
sociales, pornografía, PlayStation o videojuegos. La sociedad de consumo
capitalista produce un embrujador éxtasis opiáceo. Alienados y embrutecidos ya
no representan una respuesta desestabilizadora. Ante la falta de oportunidades
laborales la única alternativa que tienen
es emigrar al extranjero, preferiblemente a EE.UU, Canadá, Australia,
Japón o Europa, o unirse a los grupos
delincuenciales o las redes de prostitución. Otros quizás como muchos
perseguidos políticos se exilien o pidan asilo en algún país que les brinde
protección.
Colombia -según un informe del
Índice de Desarrollo Regional de América Latina (Idere-Latam) es uno de los
países más desiguales de América Latina
especialmente a lo que se refiere al bienestar socioeconómico. Desigualdades
que se originan desde su mismo nacimiento como nación. A partir del año 1886
los conservadores instituyeron una república centralista y abolieron los
Estados Unidos de Colombia de corte liberal progresista. Entonces nace la
República de Colombia donde el estado unitario con sede en Bogotá maneja los destinos
del país. Este principio de exclusión y
desigualdad es el causante de los grandes problemas de autoritarismo del poder
ejecutivo, condenando a las regiones a la dependencia administrativa, política
y económica.
A raíz de la pandemia del
coronavirus la pobreza crónica ha aumentado en un 7% con relación al 2019 y ya afecta
a 23 millones de personas. En Cali, por ejemplo, están censados 600.000 jóvenes de los cuales un alto
porcentaje pertenecen a las clases bajas y buena parte pertenecen a los 220.000
desplazados. La mayoría no cuentan con empleo ni ingresos económicos estables. (en
Colombia el 60% se dedica al trabajo informal) De ahí que sea urgente
implementar una renta básica que alivie tantas privaciones y carencias. Además,
tenemos que sumar más un millón de refugiados venezolanos (80.000 en Cali) que
hacen aún más dramático el panorama. En Cali las comunas populares están
integradas por emigrantes del campo procedentes del sur del país (Cauca, Nariño,
Chocó y toda la costa del Pacífico) Generaciones empobrecidas que han nacido y
crecido en el seno de la violencia. (desplazados del conflicto armado y la arremetida de los carteles del
narcotráfico) Factores que agudizan el odio de clase y la venganza social. La
dignidad humana pisoteada no puede generar más que rebeldía e insumisión.
El gobierno de Duque debe asumir el
craso error de intentar aprobar una Reforma Tributaria que pretendía financiar
los proyectos sociales mediante el incremento de impuestos sobre la renta y
productos básicos (aunque también se tenía prevista la reforma del sistema de
salud, educación y laboral) Pero eso sí había que rescatar a los bancos para
aliviarle las pérdidas de la pandemia o comprar 24 aviones de guerra F-16. Esta
ha sido la tormenta perfecta que ha desatado la ira e indignación de las clases
populares como jamás se había visto. Un motín de desheredados que pone en jaque
al régimen narco paramilitar colombiano. El 28 de abril del 2021 nació el
Movimiento Juvenil Popular y de Barriadas.
Algunos politólogos y analistas
creen que la única esperanza real de cambiar el sistema son las próximas
elecciones del 2022. Algo muy improbable pues históricamente jamás los poderes
fácticos (organizados en partidos) renunciarán a sus privilegios. Los tres
poderes del estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial no son independientes,
sino que están controlados al completo por las castas de los partidos políticos
tradicionales y se rige por unos códigos mafiosos donde prima el clientelismo,
el nepotismo o el intercambio de favores institucionalizado.
Desde el Palacio de Nariño el
presidente Duque, como jefe supremo de las fuerzas armadas, ordena a la policía, policía motorizada a los GOES,
el ESMAD y al ejército disparar contra los manifestantes para desmovilizar las
protestas. Promete aplastar la conjura castro-chavista- que está sembrando el
caos y el terror entre la ciudadanía. El Ministro de Defensa responde: “el
estado no se va a arrodillar ante unos pandilleros y terroristas inadaptados
cuyos pliegos de peticiones son inaceptables”. Se ha elegido el genocidio
juvenil como la mejor manera de pacificar el país. Lo más perverso es enfrentar
a jóvenes policías y militares, hijos de obreros y campesinos cuyos superiores
les ordenan disparar contra jóvenes de las comunas que perfectamente pueden ser
sus propios hermanos de clase. Se ha
enquistado la semilla del mal y los militares gobiernan a sus anchas la supuesta
“democracia”.
Fieles a los principios ideológicos
de Seguridad Democrática sea como sea hay que desmovilizar la asonada. No se puede consentir que estas
marchas y bloqueos amenacen la “soberanía patria”. Según los manuales
antiterroristas se debe capturar a los líderes, torturarlos, desaparecerlos y
darlos de baja para que escarmienten sus “secuaces”. En unas cuantas semanas las aguas volverán a
su cauce y reinará nuevamente la paz y la tranquilidad en “la capital mundial
de la salsa”. La táctica que ha elegido el gobierno es que el tiempo pase hasta
que los “chusmeros” (como se les denominaron a los liberales que quemaron el
centro de la capital tras el asesinato de Gaitán en el “Bogotazo” de 1948) se cansen y se rindan ante el imperio de la
ley. “Porque este es un macabro plan de la izquierda radical y el narcotráfico
para desestabilizar la democracia” La fiscalía va a judicializar por “terrorismo
y concierto para delinquir” a quienes permanezcan en los puntos de resistencia.
La estigmatización y persecución está promovida
por los sectores acomodados temerosos de una invasión de los “vándalos” que
pongan en peligro su patrimonio y la propiedad privada.
Así que no queda más remedio que
atrincherarse en Primera línea, Segunda Línea o Tercera Línea, izar las
banderas blancas en esas “repúblicas independientes” donde se realizan las
asambleas populares o las ollas comunitarias. Los montoneros a pecho
descubierto se baten en las barricadas
dispuestos a sacrificar sus vidas por la causa. Porque la fuerza pública
aplica sin contemplaciones la pena de muerte -proscrita constitucionalmente
desde 1910- Se declaran espacios
liberados Puerto Resistencia en Siloé, la Candelaria, la Loma de la Cruz, La Loma
de la Dignidad, el puente de las mil luchas, el paso del comercio, Portada del Mar,
Jamundí, Jumbo, Buga, Bogotá en el portal de las Américas o Portal
Resistencia, el monumento a los Héroes, Portal
Suba, parque de la Resistencia en Medellín, etc., etc.
Hoy Cali es la capital de la
resistencia y foco de la insurrección colombiana y latinoamericana. Un levantamiento
que ha trascendido las fronteras y que ha colocado a Colombia en la primera
plana de los medios de comunicación del mundo entero.
El Congreso de la República se ha convertido en
el nido de los mayores atracadores del país. Los padres de la patria, la burguesía usurera,
los terratenientes junto a sus socios
extranjeros se reparte equitativamente el robo de los recursos naturales y de
las materias primas. Tan distinguidos doctores son los que se reparten a manos
llenas la bonanza de dólares del narcotráfico. La avaricia de esa mafia de 200 familias
dueñas del 46% de las tierras, no tiene límites: evasión de impuestos, delitos fiscales, testaferrato,
lavado de activos, cuentas en paraísos fiscales, contratos ilegales o
comisiones. Un expolio que asciende a 50 billones de pesos. Los casos de
latrocinio más famosos son los de
Odebrecht, Reficar, Hidroituango, minería ilegal de Metales Hermanos SA
y C&J Gutiérrez, INVIMA, Navelena,
Corficolombiana, etc…
En estos momentos las Fuerzas Armadas
cierran filas entorno el presidente Duque se niega a dialogar con los “montoneros”
o “guerrilleros del ELN o disidencias de las FARC” (presionado por el generalato
encabezado por el sanguinario general Zapateiro, el ministro de Defensa Molano y el ex
presidente Uribe) “El gobierno no se va a sentar a negociar un pliego de
peticiones con el hampa juvenil, con los vándalos terroristas que siembran el caos”. Si la cosa
se pone muy cruda no debe descartarse un autogolpe de estado al estilo Fujimori
en el Perú en 1992 anulando las garantías constitucionales y decretando el
estado de excepción. Por eso la frase del expresidente Laureano Gómez, el “basilisco”, pronunciada en 1951 cobra inusitada vigencia: “Hay
que incendiar el país para mantener el poder” Este tribuno del pueblo admirador del nazismo y el franquismo hacía
gala de una ideología racista, clasista
y segregacionista. Laureano Gómez gobernó bajo el estado de sitio y restringió
los derechos de los ciudadanos en la llamada “revolución del orden”
El resultado de esta infernal
arremetida que dura más dos meses se calcula en
1.300 heridos, más de 90 muertos, 1.500 heridos, un número indeterminado
de torturados, desaparecidos, presos políticos, abusos sexuales, mujeres violadas, tuertos, ciegos,
lisiados.
¿Serán las instancias
internacionales de derechos humanos las que puedan garantizar que sean
judicializados los culpables de cometer crímenes de lesa humanidad? por lo
general estos casos se dilatan en el
tiempo y tras un largo proceso, por falta de pruebas, se engavetan. Sentar en
al banquillo de los acusados a los miembros de la Policía o el Ejército es algo
poco probable como ha sucedido en otras ocasiones. A partir del 8 de junio la CIDH de la OEA verificará in situ las violaciones de derechos
humanos. Al final quizás todas las muertes serán en vano y como siempre los culpables gozarán de
impunidad. Durante la dictadura del general Rojas Pinilla se llevó a cabo el 8 y 9 de junio de 1954 la masacre de la Ciudad Universitaria en
Bogotá, en el homenaje al estudiante Uriel Gutiérrez, que el régimen atribuyó a
“los disparos por parte de agentes perturbadores desconocidos, enemigos
comunistas que intentan sumir a Colombia en el caos y la anarquía”. La violenta
intervención de la policía y los militares fue en defensa propia y no para
asesinar a los estudiantes, pues fueron atacados con armas de fuego por los
“agentes infiltrados”. Prometió el dictador una “investigación rigurosa” sobre
estos hechos luctuosos, pero hasta el día de hoy, como suele suceder en estos
casos, aún no se ha esclarecido nada.
Como también en el caso de las
ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos que según la JEP (Jurisdicción
Especial para la Paz) entre 2002 y 2008 las Fuerzas Armadas, para demostrar
buenos resultados a sus superiores (presidente y ministro de Defensa) en el
combate de la guerrilla y bandas criminales, abatieron al menos 6.402 civiles a
los que presentaron como “bajas en combate”. Un fenómeno macrocriminal más
propio del nazismo o del pinochetismo.
En la toma al Palacio de Justicia por
el M19 en 1986 la cúpula del ejército obligó al presidente Betancur a autorizar
el asalto al Palacio de Justicia masacrando a guerrilleros, magistrados,
trabajadores o quien se atravesará en el camino. “Muerto el perro, muerta la
rabia” son sus principios éticos y morales de las FFAA.
EE.UU entrega 150.000.000 de
dólares de ayuda anual a la policía colombiana para el combate contra el
narcotráfico. Los equipos antimotines y
armas usadas en la represión de las protestas son made in USA o importadas de
Europa o Israel.
Colombia es una ficha clave del
imperialismo norteamericano por eso se ha implementado el Plan Colombia y el Plan
Patriota. (invirtiendo miles de millones de dólares para combatir a las
guerrillas y los grupos de narcotraficantes) Para Washington la prioridad es
garantizar la seguridad y la estabilidad
del hemisferio. El gobierno Demócrata del
presidente Biden certifica positivamente al gobierno de Duque en el tema de derechos humanos. Mientras la alta
Comisionada de la ONU, Human Rights Watch, Amnistía Internacional exigen al
gobierno que pare la violencia y la
represión. En la gran marcha del 9 de
junio “La toma de Bogotá” la principal
demanda fue: renuncia del presidente y elecciones anticipadas. Porque “la
soberanía en Colombia reside exclusivamente
en el pueblo del cual emana el poder público”
El partido de gobierno (CD)y sus
aliados (Partido Conservador, de la U, Mira, Colombia Justa Libres, Cambio
Radical) aducen que esta
insurrección no es espontánea sino planificada por agentes
(guerrilleros) infiltrados desde Venezuela y Cuba con el apoyo de Rusia e
incluso China. Es un complot en toda
regla y hay que actuar con contundencia contra el enemigo interno. Es necesario
decretar la militarización del país y el estado de sitio. El principal sospechoso de esta hecatombe es el exguerrillero del M19 Petro, senador de
la Republica por Colombia Humana y líder de la bancada opositora Esta es parte de la propaganda gubernamental para
intentar justificar la sangrienta represión. La contrainformación, la mentira
como doctrina de estado es parte de la guerra sucia que criminaliza la protesta.
La prensa oficialista oculta la realidad y prefiere dedicarse a las noticias más
frívolas de la farándula o a transmitir partidos de fútbol o carreras de
ciclismo. El presidente Duque para rebajar la tensión en las calles se muestra
conciliador y promete una masiva vacunación anti Covid 19, además, de
establecer una renta básica y la matricula 0 en las escuelas y universidades.
Uribe Vélez desde su cuenta de Twitter
lanza su ciber artillería induciendo a la jauría fascista a armarse y salir a
las calles a despejar los bloqueos a sangre y fuego. ¡la patria está en
peligro! La solución es tipo plaza de Tiananmen, matanza de Tlatelolco en
México, es decir, un golpe fulminante y contundente que aniquile a los
“terroristas”. La violenta respuesta del estado es la de un régimen fascista y
hay que extirparlo.
¿Cómo apaciguar la insurrección? Con
“mano firme y corazón grande” esta es una tarea encomendada a las autodefensas de las “camisas blancas”,
los paramilitares, los escuadrones de la muerte, los carros fantasmas, los sicarios
y francotiradores, policías infiltrados, o lo agentes del SIC o los servicios
de inteligencia. Según los manuales antiterroristas hay que capturar a los
líderes del paro, torturarlos, desaparecerlos para que sirva de escarmiento a
sus secuaces. La opinión pública no se da cuenta y no dimensiona lo que está
aconteciendo en Cali. Estamos ante una
incontestable protesta generacional que hace temblar los cimientos del estado
colombiano. Este terremoto social es el resultado de una profunda crisis
humanitaria.
El régimen narco paramilitar
colombiano ha decidido que solo sembrando el terror se podrá recobrar la paz
y la tranquilidad. En las calles de Cali se libra una batalla revolucionaria
donde una juventud a punta de piedras y
palos y con escudos de lata enfrentan a unas fuerzas del orden que cobardemente
disparan fuego real, balines, pelotas de goma o bombas de gases lacrimógenos.
Los paros y bloqueos son un auténtico teatro de guerra. Lo cierto es que no
será con palomitas de la paz ni con palabras de amor y amistad que se derrote a
esta demencial dictadura fascista. Como se demostró con el caso del cura guerrillero
Camilo Torres a mediados de la década de los sesenta que ante la intransigencia de la clase
dirigente decidió que no había otra alternativa que empuñar las armas para
derrocar a la oligarquía. “Como es imposible ganarles a los que controlan la
maquinaria electoral y todos los factores de poder los grupos de oposición que
llegan al parlamento no podrán nunca hacer transformaciones revolucionarias;
por el contrario, su presencia en el congreso facilita que la oligarquía diga
que en Colombia hay democracia porque hay oposición” Uno de los postulados más
aleccionadores del cura guerrillero es “el que escruta elige” porque el voto es
manipulable y en muchos casos es una mercancía que se compra o se impone a
punta de las amenazas y coacciones.
El gobierno aconseja a los
insurrectos que se acojan a la Constitución del 91 y creen su propio partido
político y que participen en las elecciones. Que tomen el ejemplo de los “indignados
españoles” que fundaron Podemos y obtuvieron un gran éxito electoral al
conseguir 5 eurodiputados y entrar en el
Congreso con 69 diputados. La
democracia colombiana es generosa y que
defiendan sus demandas en el Congreso de la República. Aunque para lograr un
cambio real o ser alternativa de poder se
requiere una votación mayoritaria casi imposible de obtener sino se cuenta con
una maquinaria burocrática y partidista muy poderosa. ¿Todo esto se puede
cambiar en las urnas? Y encima los jóvenes no tienen la posibilidad de
postularse al Congreso de la República porque para ser elegibles se requiere
ser mayor de 30 años. Pero al fin y al
cabo es un verdadero suicidio entrar en el juego de una falsa democracia.
Si no hay apoyo social y una
fundamentación política este alzamiento
-como ha sucedido históricamente en otras ocasiones- no va a fructificar. Se necesita de la presión multitudinaria de
la masa, de la unión entre obreros, proletarios, campesinos, sindicatos,
estudiantes, es decir, no cientos sino miles y miles de personas de todas las clases
sociales para que se hagan respetar en una mesa de negociaciones. Desde el
Palacio de Nariño han elegido ignorarlos, no determinarlos. No existen.
Lo paradójico del caso es que, si
se realizaran elecciones en este momento, tal vez, ganarían las fuerzas de
ultraderecha igual a lo que sucedió con el Plebiscito de Ratificación de los
acuerdos de paz con las FARC del 2016. El 50,2% de los votantes optaron por el
no.
Geoestratégicamente Cali es un
puerto interior del océano Pacifico muy disputado entre los carteles de la
droga y la delincuencia organizada, Hoy la capital del Valle del Cauca sufre una guerra de baja intensidad con
sobrevuelo helicópteros, aviones, drones y la movilización de miles de policías
y soldados curtidos en la guerra de guerrillas o en el combate al narcotráfico.
Los jóvenes de las localidades, los
barrios y las comunas son un nuevo sujeto político y hay que darles voz y
visibilidad en las mesas de negociación pues solamente ellos se pueden
representar. Cualquier acuerdo con el gobierno que los ignore se considera
nulo. Las asambleas populares reclaman educación, salud, vivienda, trabajo,
sueldos dignos, renta básica o subsidios, reparación de las victimas la reforma de la policía, el desmonte del
ESMAD y la desmilitarización en todo el territorio colombiano. Pero de antemano
se sabe que un corto periodo de tiempo no se va a concretar ese nuevo Pacto Social que exigen los manifestantes.
La sociedad colombiana está
completamente polarizada entre los seguidores del uribista Centro Democrático y
las fuerzas progresistas de izquierda pro “Pacto Histórico”. Esto es algo que
viene sucediendo desde el siglo XIX y que ha sido el detonante de infinidad de guerras
civiles entre liberales y conservadores.
La ultraderecha contraataca y convocan
las llamadas “marchas del silencio”, contramanifestaciones en apoyo al gobierno de Duque y el “heroico”
accionar de la fuerza pública. Miles de personas marchan bajo el lema de “los buenos somos más” “no están solos” La campaña electoral ya ha comenzado.
Este estallido social se parece
cada día más a las revoluciones árabes del 2011, también al movimiento de los Indignados de España, la
plaza del Tahrir en el Cairo hay que derrocar el dictador ¡Fuera Mubarak! ¡Que
caiga Duque! Son los mismos encapuchados del movimiento zapatista o de las
protestas populares de Chile cuando el presidente Piñera decide subir el precio
del pasaje del metro de Santiago. Obligando a convocar una Asamblea
Constituyente que redacte una nueva Constitución que entierre la pinochetista.
Las revueltas del siglo XXI en
comparación con las del siglo XX se
articulan a base de las redes sociales y los avances de la tecnología digital, Es
el resultado de la “modernidad liquida” en la que según los sociólogos “las
realidades sólidas del pasado se han desvanecido”. El éxito de los insurrectos
se debe a que se organizan a través de las redes sociales, ya sea vía Facebook,
Instagram, Twitter, mientras la prensa alternativa transmite en directo las 24
horas las incidencias del paro nacional. Un celular es una invaluable arma de
denuncia y de constatación de los crímenes de estado. Para impedir que se
articulen los grupos de resistencia se censura y bloquea Internet y las redes
sociales. El objetivo es ponerles el
bozal y acallar así las voces de protesta. Bakunin resucita en Colombia con su
espíritu libertario y utópico con las asambleas populares, son los milicianos
anarquistas de la Guerra Civil española ¡A las barricadas! ¡ni Dios, ni Patria
ni Rey! ¡No hay que reformar el sistema,
hay derrocarlo! los amotinados no respetan jerarquías, son antisistema, feministas,
anti patriarcales, anticapitalistas, antimilitaristas, grupos anarquistas de
ACAB (todos los policías son bastardos) con un virulento rechazo a los
políticos tradicionales y por lo general abstencionista en las elecciones. “No
queremos asistencialismo ni renta básica ni que nos compren nuestras
conciencias con limosnas”- contundente mensaje que los enaltece. “Resistencia”
es la palabra que más se repite entre los alzados, resistir, resistir hasta
morir. Se iza la bandera blanca en primera línea, vanguardia de la movilización social donde
los capuchos con sus escudos azules repelen el ataque de las hienas policiales.
La persecución desatada por la policía, los paramilitares o agentes de
inteligencia empujará a los líderes de la revuelta a pasar a la clandestinidad
si quieren preservar sus vidas.
Ha llegado la hora de refundar
Colombia cambiarle hasta el nombre al país que le hace un homenaje al negrero y
pirata Cristóbal Colón, es la hora de tumbar todas las estatuas y monumentos
que se han levantado los “padres de la patria” en honor a los falsos héroes de
la conquista y de la colonia. Necesitamos exorcizar esos fantasmas maléficos y
quitarnos de encima el estigma de fatalidad que nos persigue desde tiempos
inmemoriales.
Esas plazas liberadas ahora son el ágora de la cultura, las artes, de la pintura, la música o la
poesía, a ritmo de rap, el Ska-p “la
Revolución”, la bella Ciao o ¿Quién los
Mató?. El romanticismo del Mayo del 68 todavía
es el inspirador de una juventud contestataria que cree que “otro mundo es
posible”. Lo más impactante es que en los murales, grafitis o pancartas no se
exhiben como en otros tiempos los clásicos iconos del che Guevara, Fidel Castro
o Chávez pues aparentemente han caducado. En esta comuna solidaria y utópica se reúnen niños, jóvenes, hombres, mujeres, ancianos de todas
las clases sociales que arropan a sus “guerreros capuchos” y encienden velas en
honor a los mártires caídos en desigual lucha contra las fuerzas del orden.
Algunos ingenuos imbuidos en el
espíritu cristiano apuestan por abrir canales de diálogo con el gobierno que
permita levantar el paro nacional. No se puede caer en el juego de las
provocaciones, “el único que va a cambiar esta nación es Jesucristo nuestro
señor” convocando tedeums solemnes y cadenas de oración juntos como hermanos llegaremos a un
entendimiento que salve nuestra patria. Como se hizo al final de la Guerra de
los Mil Días entre liberales y conservadores consagrando al Sagrado Corazón de
Jesús el templo del Voto Nacional en Bogotá. La iglesia católica y las sectas
cristianas, el comité de paro se aprestan a hacerle el trabajo sucio al
gobierno desmovilizando la protesta. Entonces comenzará una campaña de limpieza
social y la cacería de sospechosos de
haber apoyado los bloqueos. Como en los peores años de la violencia ya
comienzan a bajar cadáveres flotando por las aguas del río Cauca.
¿En dónde está el premio Nobel de
la Paz el expresidente Santos que reside EEUU y que no se ha dignado a hacerse
presente como mediador?
¿Cuál es el papel de las FARC-EP y sus comandantes guerrilleros desmovilizados?
Ellos
que en su día se proclamaron la vanguardia de los campesinos y los proletarios apenas
intervienen en esta grave crisis social y con su partido los Comunes se
mantienen al margen de los graves acontecimientos ocupando cómodamente una
curul en el Congreso de la República. Dónde están aquellos que predicaban:
¡Solo con las armas en la mano se podrá doblegar al estado fascista colombiano!
De que valieron 50 años de guerra civil que dejó más 200.000 muertos, miles de
desaparecidos y millones de desplazados. Además del fracaso de unos tratados de
paz firmados en Cuba que jamás cristalizaron. Como lo demuestra los 270
excombatientes y más de 1.184 de líderes sociales asesinados desde el 2016.
Carlos de Urabá 2021
